El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) presentó un informe especial, titulado ‘Nueva prórroga de la Ley 26160: una imperiosa necesidad’. Allí se aborda, la necesidad de prorrogar nuevamente la Ley 26160, ya que no se efectiviza por el incumplimiento del propio Estado.
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Si no se logra la prórroga se producirían desalojos de las comunidades indígenas de sus territorios, ocasionando daños irreversibles ya que producen la ruptura del equilibrio y fracturan su cosmovisión, en su vida y el desarrollo de su cultura.
¿Qué dice la Ley?
La finalidad de la ley es la titularización de los territorios para el reconocimiento de la propiedad indígena. Mientras, una nueva prórroga impide los desalojos y reconoce la posesión
actual, tradicional y pública de los territorios de los pueblos originarios.
En noviembre, vence la vigencia de la ley 27400. Esta ley es la tercera prórroga de la ya sancionada Ley 26160 del año 2006.
En ella se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes.
En el segundo artículo se suspende, por cuatro años, todo acto procesal que tenga por objeto el desalojo o desocupación de las tierras ocupadas por la población indígena.
El tercer artículo impone al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la obligación de realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras y promueve las acciones necesarias con los organismos nacionales, provinciales, municipales y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la temática aborigen.
Alerta
Hasta el momento de la totalidad de comunidades que habitan en la Argentina, solo el 42% fue relevada. Faltan relevar más de 1000 comunidades de las distintas provincias.
La pastoral aborigen señala en su manifiesto el incumplimiento por parte del Estado del relevamiento territorial de las comunidades. Asimismo, recuerdan que hay serias observaciones en cuanto al rendimiento de fondos y al trabajo realizado en campo.
Además, denuncian una resistencia del poder judicial a su aplicación efectiva.
La reforma constitucional de 1994 reconoció una argentina pluricultural. Sin embargo, la deuda histórica hacia los pueblos indígenas continúa vigente.
El equipo cree que el compromiso asumido por el Estado con la Ley 26160 no está cumplido. Por tal motivo, recuerdan que los derechos asumidos al reconocer la preexistencia pueden sufrir un grave daño el 23 de noviembre de 2021 de no ser prorrogada dicha ley.
